martes, 18 de noviembre de 2008

Brian, de asesino a perejil

La Justicia penal de Buenos Aires, y particularmente la de San Isidro, suele poner demasiados reparos a la hora de otorgar la detención para un sospechoso, basándose en los derechos humanos y las garantías constitucionales que tienen aún los delincuentes. Celosamente revisan cada testimonio, exigen a los fiscales e investigadores policiales pruebas absolutamente contundentes, desechando aún las válidas, y en consecuencia propician este fenómeno del que tanto se ha hablado últimamente: las excesivas excarcelaciones y condonaciones de penas a los delincuentes, que llevaron a la Presidenta a decir que la Justicia "libera y libera". 
En medio de esta -podríamos llamar- crisis total de prestigio para el sistema judicial, se produce el crimen del ingeniero Barrenechea en San Isidro, un golpe al mentón para los jueces y fiscales de ese departamento. Días después, el tiro final: el asesinato de un gendarme. Todo, sin pistas ni detenidos; lo único que se supo es que los criminales provenían de Villa La Cava. 
Con pasmosa velocidad, para nada común en la Justicia bonaerense, se pasa de tener dos casos misteriosos a tener dos crímenes resueltos, con los mismos autores en ambos casos, y dos menores detenidos (al tiempo que, por la liberación casi sistemática de los menores de edad, se generó una polémica).
Semanas después sale a la luz la situación de Brian, un adolescente de 16 años que estaba acusado por los dos asesinatos y que, según sus abogados, es inocente. Y no es una mera estrategia. En la causa existen sobrados argumentos para sospechar que el muchacho fue lo primero que tuvieron a mano para meter adentro y acallar los reclamos de la sociedad, junto con la presión de los medios.

 Adentro porque sí. Cuando no se sabe investigar, se recurre a estas cosas.

En tiempos en los que la Justicia rechaza cualquier evidencia por meros formalismos, en este caso se había aceptado en la causa una declaración tomada al chico por un fiscal de mayores, situación sistemáticamente inviable por existir una superposición de fueros, el Penal y el de Minoridad. Quiérase o no, la imputabilidad de los menores aún sigue siendo de 18 años. 
Ahora, luego de que se conoció este dato en los medios, se decidió anular esa indatagoria. 
No hay huellas dactilares recolectadas en armas secuestradas o en la casa del ingeniero, que coincidan con las de este pibe. Y existen al menos siete ruedas de reconocimiento que fueron negativas. 
El único elemento es la declaración de un vecino que habló de "un pibe llamado Brian, con zapatillas deportivas y gorrita, que vive en la villa tal de La Matanza". ¿Saben cuantos Brian debe haber con esa descripción en esos lugares? 
Con la escasa recolección de pruebas que existe, en ningún caso se hubiera detenido a una persona, siguiendo la lógica de la Justicia provincial; y menos, a un menor de edad, que hoy está recluido en un instituto de rehabilitación. Pero, de no ser porque los abogados de Brian salieron a los medios a denunciar el caso, hubiera quedado en la nada, y posiblemente con un inocente preso. 
Como si fuera poco, los abogados del chico acusan a la Policía de torturarlo hasta arrancarle una falsa confesión, dicha con el mero fin de que le dejaran de pegar. Habrá que investigarlo.


Los allegados lanzaron una campaña por Justicia para Brian, bien reproducida por mi amigo Moncho en 2Papiros.  

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