Las medidas que sucesivamente se fueron anunciando para reengranar los motores de la economía se contraponen o, mejor dicho, se cancelan (como en las ecuaciones), con el principal impulsor de la circulación económica: el poder adquisitivo de la masa consumidora; en términos concretos y simples: la gente, el pueblo, los ciudadanos.
Con medidas y "contramedidas", el gobierno se ha encargado de estancar y obstruir cada uno de los circuitos económicos afectados por la crisis.
La industria automotriz registró durante enero una caída histórica respecto del período anterior: 47 por ciento en baja. La razón, claramente, radica en la escasa capacidad de la gente para adquirir autos cero kilómetro. El Gobierno K lanzó el falaz plan para comprar automóviles, cuyos requisitos sólo permiten acceder a él a los trabajadores que, seguramente, con sus ingresos ya tienen su cero kilómetro desde antes de aplicar el "salvador" programa crediticio. ¿Qué persona que gana 5.200 pesos por mes no puede comprarse un auto por su cuenta?
Armando autos de 40 lucas. El que gana 5.000 por mes, se lo lleva en cómodas cuotas; el que gana 2.000, peso sobre peso...
En sintonía con las líneas de financiamiento para adquirir electrodomésticos (que, por otro lado, sólo alcanzan a los que ya tienen un aparato viejo para entregar en parte de pago, pero no a los que deben empezar de cero), lanzó un exageradamente disparado aumento en varios servicios públicos -hasta 400 por ciento en la luz y 50 por ciento en los transportes, 10 por ciento en el Monotributo- a la vez que se esperan otros más antes de mitad de año.
Lejos de lanzarse al mercado de la denominada “línea blanca”, la gente sale a las calles a pelear para que no le corten la electricidad con la que echar andar sus heladeras viejas y para que no le cobren 1.500 pesos mensuales el servicio. El programa para reactivar la industria electrodoméstica naufragó antes de zarpar, hundido por los bombardeos al bolsillo del trabajador.
Entretanto, las negociaciones con la CGT para aumentar los salarios aún ni siquiera comienza (veremos si en el tour por España, Moyano y Cristina se ponen de acuerdo). Y, aunque así fuera, alcanzarían sólo a los trabajadores en blanco, apenas por encima del 50 por ciento del total de la población activa. Las esperadas políticas de “mano dura en serio” contra el trabajo en negro se siguen haciendo esperar…
El mercado inmobiliario, que a través de la construcción motoriza cientos de miles de puestos de trabajo, se encuentra estancado en una puja de crisis total vs. ambición desmedida. Son prácticamente nulas las ventas de viviendas en este año, fundamentalmente porque las propiedades que salen a la venta lo hacen en valores ridículamente costosos: un metro cuadrado construido en Miami se cotiza, en montos de crisis, a 1.100 dólares; son ampliamente superados por los precios en barrios porteños como Floresta (u$s 1320 por metro cuadrado), Villa Pueyrredón (u$s 1270), Constitución (u$s 1250) o Liniers (u$s 1200). El Conurbano no es la excepción: en partidos como Pilar, el metro cuadrado oscila entre los 1200 y 1400 dólares, en barrios céntricos y abiertos (ni hablar de countries).
“Cuando han ganancias está el sector privado, pero cuando hay pérdidas aparece el Estado”, señaló hoy la Presidente. Bien lejos de eso, ante la completa ausencia del Estado para reacomodar los precios del mercado inmobiliario (¿alguien me puede explicar qué hace -además de la especulación de los martilleros- que las propiedades se coticen en dólares?), tampoco lanza la más mínima posibilidad de financiación para que los que no tienen casa puedan acceder a una. Y nos referimos a algo más concreto y serio que la mentira (casi cargada) del fallido plan para inquilinos.
Las viviendas valen lo mismo ahora, con el dólar a 3,51, que hace un año, con la moneda norteamericana a 3 pesos. Aún así, los valores de venta no se retraen, pese a que -por lógica- las operaciones realizadas cayeron abruptamente.
A todo este oscuro panorama se le suman las consecuencias de una sequía que castigó duro a la industria agropecuaria, que vio durante años incrementado su capital por tiempos de bonanza en los precios internacionales, y ahora busca no mermar sus ganancias trasladando los costos de la crisis climática a los consumidores finales.
No es impensada esta maniobra, teniendo en cuenta que un Estado que se dice activo en la regulación de la economía, en un año y medio no tomó medidas más brillantes que aumentar las retenciones a la soja en plena época de cosecha -con la presunta intención de desalentar su producción y fomentar la de materias primas más necesarias para el consumo interno- y, con la sequía, retrasar el pago de algunos impuestos.
Todavía se espera una intervención seria y concienciada del Estado en el agro, que cambie en serio las reglas de juego, permita (y encauce) a los productores a incrementar el volumen generado para que puedan ellos ganar más por cantidad y no por precio; a la vez de generar los vínculos internacionales para ampliar los mercados de exportación para la producción nacional. Se aguarda también el acomodamiento de la relación entre los valores de exportación y de mercado interno; aún existe un defasaje, entre la negativa de los productores a fijar precios especiales fronteras adentro y los excesivos incrementos escalonados en la cadena de elaboración, envasado y transporte de los alimentos.
Seguramente, estas líneas serán sólo algunas de las cosas que están fuera de su cauce en el país. Faltarán muchas más a nivel económico y más aún en el plano de la educación, la seguridad, lo social… pero a corto plazo se requerían varias medidas concretas. Se hizo todo al revés. Esperemos las menores consecuencias posibles y que los responsables paguen sus culpas donde debe ser: en las urnas.
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