Los oscuros negocios de la Policía con el Caso Bergara

Cinco capitanes de la Policía Bonaerense que participaron de la investigación por el secuestro del empresario Leonardo Bergara fueron suspendidos de su servicio, porque presuntamente incurrieron en irregularidades.
Directamente y sin medias tintas, las “presuntas irregularidades” de las que hablaron fuentes oficiales no serían otra cosa que venta de datos. Los altos jefes de la Bonaerense lucraron con la información clasificada que obtenían durante la pesquisa.
En principio, se habría comprobado las relaciones comerciales de algunos de estos jefes con medios nacionales. Éstos habrían pagado buena plata para ser los primeros en enterarse de todo (basta con recordar la cantidad de “alerta” que se vieron en determinado canal de cable con respecto a este caso).
Lo peor de todo es que los funcionarios habrían comercializado información del expediente mientras Bergara se encontraba en poder de sus secuestradores, poniendo así en riesgo la vida del empresario.

"Luqueada". Ese es el término vulgar para la que
se mandaron cinco altos jefes con el rapto de Bergara.

Trascendió que la cartera de Seguridad presume que los altos oficiales “comercializaron” una serie de datos referentes a las pruebas de vida que los marginales ofrecieron del rehén durante su cautiverio, en el sur del conurbano provincial.
Los capitanes (cargo de alto rango, que como mínimo están al frente de una comisaría o destacamento) desafectados de sus tareas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se hallaban destinados en dependencias de la Superintendencia de Investigaciones Judiciales. Ahora el grupo de implicados podría ser expulsado de la mencionada fuerza policial.
Dos de los jefes policiales sancionados por el ministro Carlos Stornelli se desempeñaban en la DDI de Quilmes y se encontraban directamente afectados a las pesquisas encaradas para rescatar a dicho empresario. Un tercer imputado por el Ministerio en la supuesta maniobra pertenecía a la DDI San Isidro, un cuarto era el jefe de la SubDDI de Pilar y el quinto trabajaba en el departamento judicial de Morón.
Estos tres últimos oficiales habían sido convocados por las autoridades para colaborar en el esclarecimiento del suceso.